El martes, un juez federal detuvo las obras de construcción del proyecto del salón de baile de la Casa Blanca, impulsado por el entonces presidente Trump. El juez Richard Leon, de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, dictaminó que ninguna ley se acerca a otorgar la autoridad que Trump afirmaba tener para ejecutar el proyecto, valorado en 400 millones de dólares. La decisión judicial impide que la construcción continúe hasta que el Congreso autorice su finalización.
El juez Leon enfatizó que, aunque el presidente es el custodio de la Casa Blanca para las futuras generaciones, no es el propietario. Esta declaración subraya la importancia de la supervisión legislativa en proyectos que involucran fondos públicos y el patrimonio nacional. La suspensión del proyecto pone de manifiesto los límites del poder ejecutivo en relación con el control del presupuesto y la preservación de los bienes federales.