Juez Peinado Impulsa Juicio con Jurado Popular en Caso Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado ha convocado a las partes del caso Begoña Gómez al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. El objetivo principal es comunicar la intención de llevar el caso a un tribunal del jurado, en caso de llegar a juicio. La cita, programada para las 12:00 horas, tiene como finalidad establecer la dirección procesal del procedimiento que investiga la actividad profesional de la esposa del presidente del Gobierno, su asesora Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

El magistrado investiga a Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación de fondos públicos. La decisión de Peinado llega después de que la Audiencia Provincial de Madrid rechazara un intento previo de llevar el caso al Tribunal del Jurado, argumentando falta de 'indicios racionales de criminalidad'.

En un auto emitido el 20 de marzo, el juez Peinado intenta corregir las críticas previas. Sostiene que durante la instrucción se encontraron indicios de los delitos que serían competencia del jurado popular, específicamente tráfico de influencias y malversación. Por lo tanto, considera apropiado dirigir la causa hacia este tipo de tribunal.

Inicialmente, la causa estaba dividida en dos partes: una sobre las actividades de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid y otra sobre una posible malversación relacionada con el fichaje de Álvarez. El juez decidió unificar ambas líneas de investigación para determinar si estas actividades podrían constituir los delitos investigados.

Las defensas de Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés y Cristina Álvarez han recurrido la decisión de Peinado. El abogado de Gómez, el exministro del Interior Antonio Camacho, solicitó que se deje sin efecto el auto, calificándolo como una 'mera reiteración de conjeturas'. Argumenta que los datos empleados por el magistrado son 'falaces' y que la falta de motivación ponderativa impide evaluar el impacto mediático del caso.

La defensa de Álvarez cuestiona los indicios utilizados y señala que dedicar 'medio minuto al día' a tareas privadas de Gómez no constituye malversación. La defensa de Barrabés también se opone, argumentando que no existe 'ni una sola evidencia' de los delitos imputados.

Peinado sitúa en el centro del caso la creación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva en la Complutense. Según el juez, Gómez habría utilizado su posición para 'impulsar su proyección profesional' y obtener apoyo para la cátedra, de la cual se habría apropiado indebidamente.

El juez alega que Gómez contrató a su amiga Cristina Álvarez, para actividades privadas, y que la financiación provenía de empresas privadas. Álvarez era percibida como parte del equipo de trabajo de la cátedra. Además, se investiga si Gómez envió cartas sugiriendo la adjudicación de concursos públicos para beneficiar a Barrabés.

El abogado de Gómez argumenta que el proceso está motivado por ser cónyuge del presidente del Gobierno. Cree que remitir la causa a un jurado popular podría generar una 'lesión posterior del derecho a un juez imparcial' debido al 'juicio paralelo' en los medios y redes sociales.

La defensa de Barrabés niega cualquier relación con los supuestos beneficios empresariales vinculados a la cátedra y el software desarrollado. Argumentan que su participación se limitó a un máster dirigido por Gómez.