La asociación también se enfoca en las reformas legislativas actuales, particularmente en la posible responsabilidad del Ministerio Fiscal en la dirección de la investigación penal. Este cambio, según advierten, requeriría un aumento "notable" de personal y una reorganización estructural que, hasta el momento, no cuenta con una previsión clara de recursos humanos.
La necesidad de una planificación adecuada es evidente, especialmente ante la posibilidad de nuevas responsabilidades para el Ministerio Fiscal. La falta de recursos podría comprometer la capacidad de la Fiscalía para llevar a cabo sus funciones de manera efectiva.