Abogados del Gobierno Normalizan Ilegalidades de Trump: ¿Qué está pasando?

William Shakespeare, a través de un personaje en su obra, señaló que es más fácil dominar a una población que desconoce sus derechos. Esta reflexión resuena hoy, ya que la administración Trump ha emitido una serie de edictos sin base legal que, en circunstancias normales, no habrían superado la revisión de los abogados del gobierno. La falta de un filtro legal adecuado ha obligado a los jueces a intervenir, señalando la falta de justificación en muchas de las acciones de esta administración.

Esta situación plantea serias preguntas sobre la función de los abogados del gobierno y su papel en la defensa de la legalidad y la Constitución.

La jueza de distrito Rita Lin detuvo la prohibición impuesta por Trump a la empresa de inteligencia artificial Anthropic de contratar con agencias federales. Esta decisión se produjo después de que Anthropic se negara a permitir que su IA, Claude, se utilizara para vigilancia masiva y armamento autónomo. La jueza Lin argumentó que la directiva era una represalia evidente y tan amplia que podría impedir que el Fondo Nacional para las Artes utilizara Claude para diseñar su sitio web.

Además, se señaló que el Secretario de Guerra, Pete Hegseth, había indicado que cualquier empresa que deseara hacer negocios con el ejército estadounidense debía romper lazos comerciales con Anthropic. Esto afectaría incluso a empresas que utilizan Claude para sus chatbots de atención al cliente, designando al proveedor como un "riesgo para la cadena de suministro", una designación inusual para una empresa nacional.

En un giro sorprendente, un abogado del gobierno admitió ante el tribunal que desconocía cualquier estatuto que autorizara al Secretario Hegseth a emitir tal prohibición, reconociendo que la declaración no tenía "absolutamente ningún efecto legal". Esta admisión plantea serias cuestiones éticas y legales sobre la defensa de políticas sin fundamento legal. La jueza Lin señaló que el abogado admitió que la directiva de Hegseth excedía su autoridad legal.

Representaciones sin base legal ante un tribunal federal constituyen una falta grave sancionable, lo que genera interrogantes sobre cómo un abogado puede defender lo indefendible.

La administración Trump ha emitido una gran cantidad de órdenes ejecutivas y memorandos legalmente cuestionables que han eludido el escrutinio de los abogados del gobierno. Hasta el 26 de marzo, Trump había emitido 427 órdenes ejecutivas y acciones, lo que ha provocado más de 300 desafíos legales. Recientemente, Trump emitió una orden que instruye a las agencias federales a cambiar la ley que rige las elecciones federales, a pesar de que los presidentes no tienen autoridad constitucional sobre las leyes electorales.

Este patrón de acciones legales cuestionables plantea serias preocupaciones sobre el respeto al estado de derecho y la Constitución.

David Warrington, Consejero de la Casa Blanca, y Russ Vought, jefe de la Oficina de Administración y Presupuesto, tienen la responsabilidad de brindar orientación legal y constitucional a la Casa Blanca y revisar las órdenes ejecutivas. Sin embargo, los resultados sugieren que no están cumpliendo con su deber de garantizar que las acciones presidenciales sean legales y constitucionales. De manera similar, la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia debe examinar estas órdenes, pero es evidente que no lo están haciendo.

La falta de supervisión legal adecuada plantea serias dudas sobre la integridad del proceso de toma de decisiones en la administración Trump.

A pesar de la inmunidad que la Corte Suprema otorgó a Trump en 2024, los abogados del gobierno siguen teniendo el deber de defender la ley. Sin embargo, el equipo legal de Trump parece estar utilizando su posición para dar una apariencia de legalidad a sus acciones ilegales. La autora Kimberly Wehle sugiere que el público estadounidense estaría mejor si estos abogados no estuvieran presentes.

La situación actual plantea una seria amenaza al estado de derecho y la integridad del sistema legal estadounidense.