La jueza Allison Burroughs, designada por Obama, determinó que la administración Trump violó la ley al enviar un correo electrónico masivo a los migrantes indicando que debían abandonar Estados Unidos. La decisión judicial se basa en que la administración no siguió el proceso legal requerido para terminar la libertad condicional de los migrantes. La jueza argumentó que las regulaciones no otorgan a la agencia una discreción ilimitada para cancelar la libertad condicional. La jueza Burroughs escribió que al terminar la libertad condicional de los no ciudadanos afectados sin seguir el proceso exigido por la ley y sus propias regulaciones, los acusados tomaron una acción que no estaba de acuerdo con la ley.
La Asociación Venezolana de Massachusetts, uno de los demandantes en el caso, celebró la decisión, señalando que trae alivio después de meses de incertidumbre. Democracy Forward, que ayudó a litigar el caso, también celebró el fallo. Skye Perryman, presidenta del grupo, declaró que la decisión es un claro rechazo a una administración que intentó borrar el estatus legal de cientos de miles de personas con un clic. Se enfatizó que los clientes siguieron la ley, se registraron, fueron inspeccionados y se les otorgó la libertad condicional según la ley.