La reciente crisis interna en Vox ha escalado con la salida de José Francisco Garre, quien fuera vicepresidente del Comité de Garantías del partido. Garre denunció públicamente 'presiones' y comportamientos 'cuasi mafiosos' por parte de la cúpula nacional liderada por Santiago Abascal. Su renuncia se produjo después de un acuerdo de coalición con el PP en Torre Pacheco, donde Garre también es portavoz municipal. Esta decisión llega tras lo que él describe como 'quince días brutales' de presión y tras negarse a la expulsión de Iván Espinosa de los Monteros, que consideró injustificada.

Garre, quien también es portavoz del partido en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, compartió una imagen de su carné de afiliado cortado, simbolizando su ruptura con Vox. A esto le siguió una foto con Espinosa de los Monteros y José Ángel Antelo, reafirmando su postura 'Sin miedo a nada ni a nadie!'. En el contexto de esta salida, Garre reveló que el Comité de Garantías se ha transformado en un órgano dependiente de la secretaría general adjunta, Montserrat Lluís, lo que, según él, ha afectado la independencia del comité.

Garre denunció haber recibido 'órdenes no legítimas' en su rol dentro del Comité de Garantías, especialmente en relación con las expulsiones de figuras como Ortega Smith y Espinosa de los Monteros. Según Garre, las denuncias solían ser entre afiliados o coordinadores, pero recientemente provienen de Montserrat Lluís. Mencionó que se veía obligado a tomar ciertas resoluciones 'porque de lo contrario el expulsado eres tú o van a tomar medidas en tu contra'.

En una entrevista con El País, Garre profundizó en sus acusaciones, mencionando una brecha con el partido tras su abstención en la decisión sobre Antelo. Denunció un giro en la independencia del Comité de Garantías desde la reelección de Abascal en enero de 2024. Además, acusó que Lluís no cumplía con los requisitos para formar parte del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), pero fue incorporada por la dirección. La situación se agravó con una denuncia contra Espinosa, donde, a pesar de la opinión del comité, se forzó una resolución desfavorable.

Tras la salida de Garre, Vox emitió un comunicado acusándolo de 'traidor' por no comunicar el acuerdo con el PP y por no justificar el pago de 8.480 euros. El partido alegó que Garre no justificó ese pago ni otro de igual importe realizado en julio de 2025. En su defensa, Garre reconoció que el acuerdo con el alcalde del PP de Torre Pacheco no fue consultado a la dirección, pero argumentó que contaba con aprobación previa.

Garre justificó el acuerdo mencionando la 'desesperada' situación en el municipio y la necesidad de asegurar contratos importantes. Además, involucró a otros miembros del partido en la decisión, señalando que 'la pasada legislatura teníamos cierta libertad, pero ahora el partido funciona manu militari'. Ante estas acusaciones, Garre anunció que prepara una querella por injurias contra el partido.

Garre, refiriéndose a los pagos, afirmó que estos correspondían a un acuerdo de 2023 con Rubén Martínez Alpañez, entonces portavoz de la Asamblea murciana. Según Garre, se le debía esa cantidad por prestar asesoramiento jurídico a los concejales del partido, elaborar informes y borradores de proyectos de ley, y dirigir procedimientos judiciales a nivel autonómico y nacional. Esta situación refleja la creciente tensión interna en Vox y las acusaciones cruzadas entre sus miembros.

Este conflicto ha generado un ambiente de inestabilidad y división dentro del partido, poniendo de manifiesto las discrepancias sobre la dirección y el manejo de asuntos internos. La situación podría tener repercusiones en la imagen pública de Vox y en su capacidad para mantener la cohesión interna.

Como un nuevo capítulo en esta crisis, el Comité de Garantías de Vox ha abierto un expediente disciplinario al exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, añadiendo más tensión a la situación interna del partido. Esta acción subraya la gravedad de la situación y la determinación de la dirección de Vox de tomar medidas contra aquellos que considera que han actuado en contra de sus intereses. La apertura de este expediente disciplinario indica una intensificación de las purgas internas, lo que podría llevar a más salidas y divisiones dentro de Vox.

Este conjunto de eventos sugiere un momento crítico para Vox, con acusaciones de corrupción, presiones internas y disputas sobre la dirección del partido. La situación podría influir en el futuro político de la formación y en su capacidad para mantener su base de apoyo.